El pasado 16 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Con esta aprobación culmina la tramitación parlamentaria de una reforma que introduce cambios importantes en el reconocimiento de derechos y en el modelo de apoyos a las personas con discapacidad.
La nueva normativa refuerza principios como la autonomía personal, la vida independiente, la accesibilidad universal y la participación en la comunidad. Conceptos que forman parte de una manera diferente de entender la discapacidad: no desde la protección o el cuidado como única respuesta, sino desde el reconocimiento de los derechos, las capacidades y las decisiones de cada persona.
Para Fundación Amanecer, este cambio conecta directamente con una forma de acompañar basada en la persona y en los apoyos que necesita para desarrollar su propio proyecto de vida.
Una reforma que pone el foco en los derechos
Uno de los objetivos de la reforma es adaptar ambas leyes al artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024, y reforzar los derechos de las personas con discapacidad y su participación en la comunidad.
El nuevo marco incorpora medidas relacionadas con la autonomía, la accesibilidad y la vida independiente, y plantea una evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hacia apoyos más personalizados y ajustados a las circunstancias, deseos y preferencias de cada persona.
Este enfoque supone entender que los apoyos no deben limitarse a cubrir necesidades básicas. También deben facilitar que cada persona pueda tomar decisiones, participar en su entorno y desarrollar actividades y relaciones significativas.
La autonomía, por tanto, no significa tener que hacerlo todo sin ayuda. Significa poder decidir sobre la propia vida y contar con los recursos y apoyos necesarios para llevar esas decisiones adelante.
Más apoyos para vivir y participar en la comunidad
La reforma introduce cambios en el ámbito de la dependencia que pueden favorecer una atención más flexible y orientada a la vida en comunidad.
Entre ellos se encuentra el reconocimiento de la teleasistencia como derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia, con un enfoque basado en una atención continua, personalizada y adaptada a las circunstancias, voluntad y preferencias de cada persona. También se refuerza la asistencia personal y se amplían determinados servicios, como la ayuda a domicilio.
El objetivo es avanzar hacia un modelo en el que los apoyos puedan desarrollarse en los entornos habituales de la persona, favoreciendo su permanencia en la comunidad y sus oportunidades de participación.
Esto resulta especialmente relevante para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, para quienes contar con apoyos adecuados puede marcar la diferencia entre participar de forma activa en su entorno o encontrarse con barreras que limiten sus oportunidades.
Decidir con apoyos, no decidir por las personas
Otro de los avances destacados es la incorporación de una nueva prestación de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica dentro de la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad.
Este planteamiento parte de una idea fundamental: necesitar apoyo para tomar una decisión no significa perder el derecho a decidir.
Cada persona puede necesitar diferentes herramientas para comprender una situación, valorar las opciones disponibles, expresar sus preferencias o llevar a cabo una decisión. El papel de los apoyos debe ser facilitar ese proceso, respetando siempre la voluntad y las preferencias de la persona.
Este principio está estrechamente relacionado con la autodeterminación. Poder elegir qué actividades realizar, dónde vivir, con quién relacionarse, cómo organizar el tiempo o qué objetivos perseguir forma parte de un proyecto de vida propio.
Accesibilidad para poder ejercer los derechos
Para que los derechos puedan ejercerse de forma efectiva, no basta con reconocerlos. También es necesario que las personas puedan comprender la información, acceder a los servicios y participar en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Por eso, la accesibilidad universal ocupa un lugar relevante en la reforma. La norma incorpora medidas relacionadas con la accesibilidad de viviendas y edificios y contempla actuaciones destinadas a facilitar la vida independiente. También refuerza la protección frente a la discriminación por razón de discapacidad en diferentes ámbitos.
La accesibilidad cognitiva es especialmente importante en este contexto. Una información puede estar disponible y, sin embargo, resultar difícil de comprender. Simplificar los trámites, utilizar un lenguaje claro, adaptar la comunicación y ofrecer los apoyos necesarios permite que más personas puedan conocer sus derechos y tomar decisiones sobre aquello que les afecta.
La inclusión no consiste únicamente en permitir que las personas estén presentes en los espacios de la comunidad. Consiste en conseguir que puedan comprenderlos, utilizarlos, participar en ellos y sentirse parte de los mismos.
También quedan retos por delante
La aprobación de la reforma supone el cierre de su tramitación parlamentaria, pero abre ahora una nueva etapa: la de su aplicación efectiva. La propia reforma requiere que determinadas cuestiones se concreten mediante su desarrollo normativo y su puesta en práctica por las administraciones competentes.
Desde Plena inclusión, organización que ha participado activamente en el proceso de elaboración y seguimiento de esta reforma, se han valorado los avances hacia un modelo de apoyos más flexible, personalizado y orientado a los proyectos de vida en la comunidad. Al mismo tiempo, Plena inclusión señala que siguen existiendo cuestiones pendientes, entre ellas la necesidad de mejorar el sistema de copago, las condiciones laborales de las profesionales de los cuidados y apoyos y la financiación necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Esto recuerda una cuestión esencial: reconocer nuevos derechos es un paso necesario, pero garantizar que esos derechos puedan ejercerse en la vida cotidiana requiere recursos, apoyos adecuados y una aplicación efectiva de la normativa.
Un cambio que empieza también en la forma de acompañar
La reforma de estas dos leyes refleja una evolución que va más allá de los cambios legislativos. Supone seguir avanzando hacia una concepción de la discapacidad basada en los derechos, la autonomía y la participación.
En Fundación Amanecer trabajamos desde esta perspectiva: acompañando a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde el respeto a sus decisiones, sus preferencias y sus objetivos personales.
Apoyar no significa decidir por alguien ni hacer todo en su lugar. Significa escuchar, ofrecer oportunidades, adaptar los entornos y proporcionar los recursos necesarios para que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y construir su propio proyecto de vida.
La nueva legislación recoge muchos de estos principios y abre una etapa en la que será necesario seguir trabajando para que se conviertan en realidades cotidianas.
Avanzar hacia una sociedad más inclusiva implica que todas las personas puedan ejercer sus derechos, tomar decisiones sobre su propia vida y participar en su comunidad con los apoyos que necesiten. Ese es, en definitiva, el sentido de pasar de un modelo centrado en el cuidado a un modelo centrado en los derechos, los apoyos y la autonomía.
